PRIMERO.-
el avance del narcotráfico que ejerce una poderosa influencia en el crecimiento de la delincuencia al poner en
evidencia la impunidad y enormes ganancias que reporta una actividad criminal.
Además, por la erosión que produce en el funcionamiento de instituciones básicas
del estado mediante la labor de corrupción de policías, jueces o políticos.
SEGUNDO.- la alta impunidad de la que gozan los delincuentes. Que solamente 12% de las víctimas de un hecho delictivo efectúen denuncia ante la Policía y, más aun, que solo alrededor de 5% de ellas den resultados positivos para la víctima, da una idea clara de que la delincuencia en el Perú es una actividad de bajo riesgo para quien la comete. Detrás de esta situación está el deterioro que a lo largo del tiempo han tenido dos instituciones básicas para el resguardo de la seguridad ciudadana, la Policía y los jueces. Los responsables de esta situación son el problema de escasez de recursos fiscales que experimentó el país por varias décadas y la desidia de sucesivos gobiernos.
TERCERO.- en el Perú se ha hecho más énfasis en limitar la capacidad de acción de la Policía que en apoyar su efectividad. ONG defensoras de derechos humanos han fiscalizado y perseguido con celo extremo el uso de la fuerza por parte de la Policía, sin que haya contraparte en la defensa de los policías acusados. Si bien esta actitud ha sido reflejo de una acción política y se ha centrado principalmente en el uso de la fuerza de la Policía en los casos de violencia social, sus efectos se han extendido al campo de la delincuencia común, beneficiando significativamente al delincuente. El sistema en el momento actual persigue y castiga con severidad los excesos y la violencia policial, mientras que se comporta tolerante y permisiva con la delincuencia común.
SEGUNDO.- la alta impunidad de la que gozan los delincuentes. Que solamente 12% de las víctimas de un hecho delictivo efectúen denuncia ante la Policía y, más aun, que solo alrededor de 5% de ellas den resultados positivos para la víctima, da una idea clara de que la delincuencia en el Perú es una actividad de bajo riesgo para quien la comete. Detrás de esta situación está el deterioro que a lo largo del tiempo han tenido dos instituciones básicas para el resguardo de la seguridad ciudadana, la Policía y los jueces. Los responsables de esta situación son el problema de escasez de recursos fiscales que experimentó el país por varias décadas y la desidia de sucesivos gobiernos.
TERCERO.- en el Perú se ha hecho más énfasis en limitar la capacidad de acción de la Policía que en apoyar su efectividad. ONG defensoras de derechos humanos han fiscalizado y perseguido con celo extremo el uso de la fuerza por parte de la Policía, sin que haya contraparte en la defensa de los policías acusados. Si bien esta actitud ha sido reflejo de una acción política y se ha centrado principalmente en el uso de la fuerza de la Policía en los casos de violencia social, sus efectos se han extendido al campo de la delincuencia común, beneficiando significativamente al delincuente. El sistema en el momento actual persigue y castiga con severidad los excesos y la violencia policial, mientras que se comporta tolerante y permisiva con la delincuencia común.